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ACCESIBILITAT
07-10-2026 20:20
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Las fotografías que acompañan este artículo fueron tomadas el 7 de octubre de 2026. Mientras escribo estas líneas, el gran barco de madera previsto en el proyecto ya está siendo instalado en la Plaça Valparaíso.
Hay cosas que duelen una vez; otras duelen cada día. A mí me pasa con la Plaça Valparaíso de Cunit. Cada vez que paso por allí veo cómo avanzan las obras de un parque infantil que advertí, con tiempo, que podía terminar discriminando a los menores con discapacidad.
Un día aparece la estructura, otro levantan el barco. Después llegan más piezas, más madera, más maquinaria. Y yo veo cómo crece.
No puedo evitar pensar que también se está construyendo, pieza a pieza, aquello que intenté evitar. No hablo de un parque heredado de hace veinte o treinta años, difícil de adaptar ahora. Hablo de un parque nuevo. De 2026.
De una actuación pública que nace cuando ya existe un Código de accesibilidad de Cataluña, la Orden TMA/851/2021 y, sobre todo, cuando el propio Ayuntamiento de Cunit ya dispone de informes técnicos que explican qué significa excluir a un menor con discapacidad de un parque infantil.
Por eso cuesta tanto verlo. Esta historia no empezó en Valparaíso. Meses atrás me dirigí al Ayuntamiento de Cunit por la situación de dos parques infantiles: El Patufet, en el Passeig Marítim, y Francesc Macià. No pedía nada extraordinario. Pedía que los niños con discapacidad pudieran entrar, desplazarse y jugar.
El Ayuntamiento encargó una inspección técnica de accesibilidad a una empresa especializada. Los resultados fueron clarísimos.
En El Patufet, el informe concluyó que el parque NO CUMPLE las exigencias de accesibilidad universal. Detectó escalones en los accesos, un pavimento que no permite el desplazamiento autónomo en silla de ruedas y, entre diez juegos inventariados, cero juegos inclusivos.
En Francesc Macià, lo mismo: NO CUMPLE. Entre doce elementos de juego, cero inclusivos. Parte del parque se encuentra además sobre un pavimento que tampoco permite el uso autónomo por personas en silla de ruedas.
Aquellos informes me hicieron pensar que, al menos esta vez, alguien había entendido el problema. Pero lo que realmente me convenció fue la carta que los acompañaba.
La concejala de Obras me pidió disculpas por la demora, agradeció mi preocupación y aseguró que el Ayuntamiento había hecho suya aquella preocupación “inmediatamente y sin reservas”. También informó de que se había puesto en marcha un programa para revisar todos los parques infantiles del municipio y adaptar los que lo necesitaran.
Añadió que se habían iniciado los trámites para disponer, “de la forma más inmediata posible”, de una memoria técnica que permitiera contratar y ejecutar las recomendaciones de los informes.
Lo admito: me lo creí. Pensé que, por una vez, no estaba chocando contra una pared. Si un Ayuntamiento había pagado informes técnicos, aceptado sus conclusiones y reconocido la necesidad de adaptar sus parques, pensé que el siguiente parque nuevo sería, como mínimo, un ejemplo de lo aprendido.
Y entonces apareció Valparaíso. Cuando supe que allí se iba a construir un nuevo parque infantil, decidí no esperar a que estuviera acabado.
El 8 de agosto presenté una instancia pidiendo el proyecto completo y, expresamente, la justificación del cumplimiento del Decreto 209/2023 y de la Orden TMA/851/2021, los itinerarios accesibles, los espacios de giro y transferencia, la relación de juegos y la identificación de los considerados accesibles o inclusivos.
Pedí al menos un columpio utilizable por menores en silla de ruedas, dos elementos inclusivos, como un carrusel a cota cero, y una zona de calma y regulación sensorial. No lo pedí cuando la obra estaba terminada y ya no había remedio. Lo pedí antes, con tiempo y por escrito.
Y tampoco me limité a esperar. Como el expediente no se facilitó a tiempo, tuve que acudir a la GAIP para reclamar la documentación. Y, ante la posibilidad de que un parque completamente nuevo naciera ya excluyendo a menores con discapacidad, trasladé también la posible discriminación a Igualdad. No faltaron avisos ni oportunidades para revisar el proyecto antes de convertirlo en un hecho consumado.
Hoy, cuando paso por la plaza, veo cómo se monta una enorme estructura de madera con forma de barco pirata. Y cada pieza que colocan me produce la misma sensación: estar viendo cómo una advertencia documentada se convierte, lentamente, en un hecho consumado.
El propio proyecto describe esa gran estructura: tobogán, puente móvil, redes de escalada, escaleras de cuerda, rocódromos y barra de bomberos. Puede ser muy bonita y quedar muy bien en una fotografía de inauguración. Pero la accesibilidad no se mide por eso. Se mide preguntando algo mucho más sencillo: ¿quién puede jugar ahí?
Y todavía hay un detalle difícil de explicar. En la memoria inicial del proyecto aparecía un columpio con un “seient adaptat”, un asiento adaptado. En el proyecto ejecutivo posterior ese asiento desaparece y es sustituido por un asiento nido.
Quizá haya una explicación. Precisamente por eso la he pedido. Porque cuando se habla de accesibilidad no basta con poner palabras bonitas en una memoria. Hay que demostrar qué puede utilizar realmente un niño con discapacidad.
La respuesta que me ha enviado ahora el Ayuntamiento resulta reveladora. Todavía no me dicen que el proyecto cumpla. Dicen que han pedido al director facultativo de las obras un informe específico sobre la accesibilidad del proyecto, los itinerarios, los juegos, cuáles consideran inclusivos y cómo justifican el cumplimiento de la normativa.
Cuando lo tengan me enviarán la respuesta definitiva. Es difícil no hacerse una pregunta: si la obra ya está avanzando, si el barco ya se está montando y los juegos están decididos, ¿por qué la justificación detallada de la accesibilidad se está pidiendo ahora?
A mí me habría tranquilizado mucho más que ese informe hubiera existido antes de ejecutar la obra. Muchísimo antes. Porque cuando una Administración conoce la norma y además tiene informes técnicos que explican qué ocurre cuando un parque excluye a determinados menores, ya no puede refugiarse en el desconocimiento.
Puede equivocarse, sí. Pero ya sabe de qué estamos hablando. Y por eso, cada vez que veo avanzar las obras de Valparaíso, siento rabia.
No una rabia abstracta. La de haber avisado. La de haber pedido el expediente y tener que acudir a la GAIP para conseguirlo. La de haber llevado la posible discriminación a Igualdad. La de haber propuesto soluciones antes de que los juegos estuvieran instalados. La de haber confiado en una respuesta municipal y ver ahora cómo, metro a metro y pieza a pieza, todo sigue avanzando.
Lo más grave es que aquí no se discute un capricho. Se habla del derecho de los niños a jugar sin ser excluidos por una discapacidad. Eso debería bastar. Pero además estamos hablando de dinero público.
El presupuesto global de la actuación asciende a 359.975 euros, y dentro del presupuesto de ejecución material se destinan 123.016,87 euros a mobiliario y juegos infantiles. La actuación cuenta, además, con una subvención nominativa de 250.000 euros de la Diputación de Tarragona.
Y aquí aparece una cuestión que va mucho más allá de un parque infantil. Los responsables públicos administran dinero que no es suyo. Administran la caja común.
Quien entiende que hay normas cuyo cumplimiento puede decidirse según convenga, o que algunas obligaciones pueden posponerse o relativizarse, debería estar muy lejos de cualquier lugar donde se decida qué hacer con dinero público.
Porque la ley no es una carta de restaurante. No se eligen los artículos que gustan y se dejan los demás para otro día. Y la accesibilidad tampoco puede ser una promesa para el próximo presupuesto, el próximo mandato o el próximo parque.
Los niños que hoy quedan fuera son niños hoy, no dentro de diez años.
Dentro de unos meses retirarán las vallas. Probablemente habrá una inauguración, fotografías y discursos. Quizá alguien hable de renovación, mejora del espacio público o de una nueva zona para las familias. Cuando llegue ese día convendría mirar también a quienes no aparezcan en esas fotografías.
Porque la discriminación no siempre se anuncia con un cartel que diga “prohibido entrar”. A veces se hace de una forma mucho más limpia. Se redacta un proyecto, se aprueba un presupuesto, se adjudica una obra, se colocan vallas, llegan las máquinas, se monta un barco de madera y un día la discriminación está terminada.
Y se inaugura.
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