El negocio de la infravivienda tiene los días contados

La infravivienda no es solo un problema social: es un negocio ilegal que se alimenta de la necesidad y de la pasividad administrativa. Detrás de muchas situaciones de sobreocupación hay prácticas irregulares, ánimo de lucro y una degradación progresiva de la convivencia. En El Vendrell hemos decidido actuar y poner fin a una situación que daña a los vecinos y a las personas más vulnerables. 

Para mí, la infravivienda no es un concepto teórico ni una discusión académica. Es una realidad que se vive  cada día en determinados barrios y calles de nuestras ciudades, y que tiene consecuencias directas sobre la  convivencia, la seguridad y la dignidad de las personas. La he conocido de cerca, no solo a través de informes o expedientes, sino a través de vecinos de la C/Olm, de la C/Pagesia Catalana y de Carretera de Valls, que  durante años han sufrido los efectos de la sobreocupación y de usos residenciales claramente irregulares en  su entorno. Son situaciones que generan conflicto, degradación del espacio urbano y una sensación muy  profunda de abandono institucional. 

Pero esta realidad no se afronta solo escuchando, se afronta asumiendo responsabilidades. Por eso, en esta  legislatura he impulsado un refuerzo decidido del departamento de disciplina urbanística, convencido de  que sin orden urbanístico no hay convivencia posible ni protección real para las personas más vulnerables. 

Conviene decirlo con claridad: empadronarse no legaliza una vivienda ni un uso ilegal. El padrón es un  registro administrativo de hechos, no un título habilitante. Cuando se utiliza para blanquear situaciones de  infravivienda, no estamos ante un problema social, sino ante un fraude estructural que suele tener un claro  ánimo de lucro detrás. 

Las primeras víctimas de este fraude son, precisamente las personas más vulnerables. Personas que viven  en espacios inseguros, sin condiciones mínimas de habitabilidad, expuestas a riesgos reales. Mantener estas  situaciones por miedo a actuar no las protege, las expone aún más y consolida un modelo de explotación  intolerable. 

Desde los servicios sociales se hace un trabajo imprescindible, pero también hay que ser honestos: los  ayuntamientos no disponemos de capacidad habitacional suficiente para absorber de golpe todas las  situaciones de infravivienda que aflorarían si se actuara de manera masiva. Pretender lo contrario es  trasladar a la administración más cercana una responsabilidad que es estructural y supramunicipal. 

Eso no puede servir de excusa para la inacción. En El Vendrell hemos decidido actuar. Poner el foco donde  realmente se genera el problema: en el padrón municipal, en las licencias urbanísticas y en la disciplina  urbanística. No para perseguir a personas vulnerables, sino para actuar contra los promotores y propietarios que se lucran de la infravivienda, transformando ilegalmente viviendas y degradando barrios enteros. 

Esta actuación debe ir acompañada de comunicación clara y firme. Los infractores deben saber que este  Ayuntamiento detecta, cruza datos, inspecciona y actúa. Que la infravivienda no es una oportunidad de  negocio, sino un riesgo real de sanción, clausura y responsabilidades. 

Cuando una vivienda no cumple las condiciones mínimas y debe ser cerrada, la solución no puede recaer  solo en los ayuntamientos. La Generalitat de Catalunya y el Estado deben asumir su papel. Reforzar el parque  público de vivienda, dotar de recursos reales y revisar el modelo de padrón que hoy facilita la normalización  de situaciones ilegales no es una opción, es una obligación. 

No quiero que este sea un debate ideológico. La Ley no puede tener excepciones según el barrio ni según la  situación personal. Los huecos de impunidad solo alimentan el fraude y la degradación. En El Vendrell hemos  decidido actuar: aplicar la Ley sin atajos, sin mirar hacia otro lado y sin permitir que la infravivienda siga  siendo un negocio.